¿Cabe hablar de despido en el ámbito de la relación laboral penitenciaria?

30.12.2020

El artículo 25.2 de la Constitución Española reconoce el derecho de los penados a un trabajo remunerado, siendo el RD 782/2001, de 6 de julio, el que se ocupa de regular la relación laboral de carácter especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios.

Dada la relación de especial sujeción que une al interno con la Administración penitenciaria, la relación laboral que surge entre ellos, es considerada, según el artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores, una relación laboral de carácter especial, rigiéndose la misma, no por el Estatuto de los Trabajadores sino por el RD anteriormente mencionado, salvo en los supuestos en que exista remisión expresa al Estatuto.

De la lectura del RD 782/2001, cabe plantearse, si existe un despido como tal, pues la normativa únicamente hace referencia a los supuestos de suspensión y extinción de la relación laboral pero no, al despido y a las consecuencias que pudiera llevar aparejadas el mismo.

A este respecto, la jurisprudencia viene pronunciándose en el sentido de que no existe un despido como tal, así la Sentencia 8950/2012, de 11 de diciembre de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo viene a señalar que la decisión extintiva de la relación laboral ha de basarse en alguna de las causas del artículo 10, debiendo tener encaje en alguno de tales supuestos, sin que quepa anudar a la extinción de tal relación laboral ni la calificación jurídica ni los efectos del despido regulado en el Estatuto de los Trabajadores.

Ahora bien, que la extinción de la relación laboral no sea considerada como un despido en sentido estricto ello no implica que los Juzgados de lo Social no puedan revisar si dicha decisión es ajustada a Derecho, es decir, si se ha basado en alguno de los supuestos enumerados en el artículo 10. Pues, como ha señalado el Tribunal Supremo en reiteradas sentencias, «nos encontramos ante un acto administrativo que, a falta de regulación se va a regir por lo señalado en la ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publica».

Si se acude a la Ley de Procedimiento Administrativo Común se advierte que, el artículo 35 de la misma, exige la motivación de los actos administrativos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos por lo que, la mera referencia a la causa del despido sin la correspondiente motivación, genera indefensión dando lugar a la correspondiente anulabilidad del acto, en cuyo caso, el trabajador deberá ser reintegrado en su puesto de trabajo