El Principio de Flexibilidad, consagrado en el artículo 100.2 RP, a propósito del reciente auto del Tribunal Supremo

28.09.2020

El artículo 72 de la Ley Orgánica General Penitenciaria establece que « Las penas privativas de libertad se ejecutarán según el sistema de individualización científica, separado en grados, el último de los cuales será el de libertad condicional, conforme determina el Código Penal».

Sin embargo, tras la reforma operada en el Código Penal por LO 1/2015, la libertad condicional deja de ser considerada un grado, quedando ahora como una modalidad de suspensión de ejecución de la pena. Por lo tanto, los grados a los que alude el artículo 72 LOGP no son sino el primero, segundo y tercer grado de tratamiento, estableciéndose distintos regímenes de vida, siendo el primero el más restrictivo de ellos y el tercero el que otorga un mayor margen de libertad.

En relación con el principio de flexibilidad, éste aparece recogido en el artículo 100.2 RP, el cual dispone lo siguiente:

«No obstante, con el fin de hacer el sistema más flexible, el Equipo Técnico podrá proponer a la Junta de Tratamiento que, respecto de cada penado, se adopte un modelo de ejecución en el que puedan combinarse aspectos característicos de cada uno de los mencionados grados, siempre y cuando dicha medida se fundamente en un programa específico de tratamiento que de otra forma no pueda ser ejecutado. Esta medida excepcional necesitará de la ulterior aprobación del Juez de Vigilancia correspondiente, sin perjuicio de su inmediata ejecutividad».

Ahora bien, este principio no viene a introducir un grado intermedio distinto de los anteriormente enumerados sino que permite, a efectos de favorecer el principio de individualización científica y alcanzar la reeducación y reinserción social, la introducción de modificaciones regimentales distintas a las de un grado de clasificación que permitan la combinación de elementos de dos grados de tratamiento. En este sentido también los Criterios de Actuación, Conclusiones y Acuerdos aprobados por los Jueces de Vigilancia Penitenciaria en sus reuniones, los cuales señalan que « En estos supuestos, no se aprueba un grado sino la combinación de aspectos regimentales por razones tratamentales».

No son pocas las cuestiones que se han planteado en relación con la aplicación de este articulo, es por ello que, el reciente auto del Tribunal Supremo, con respecto a la concesión del articulo 100.2 RP a Carme Forcadell, una de las condenadas del procés a la pena de 11 años y 6 meses de prisión por el delito de sedición, ha venido a aclarar determinados extremos controvertidos del mismo, concretamente dos:

  • Por un lado, la competencia para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la concesión o denegación del principio de flexibilidad. Así, el Tribunal Supremo se pronuncia dada la controversia existente pues en el caso que ha dado lugar a este auto, el Ministerio público entendió, también con dudas, que la competencia era de la Audiencia Provincial. Sin embargo, el Juzgado de Vigilancia número 3 de Lleida, cuya resolución era objeto de recurso, elevó la cuestión al Tribunal Supremo, al entender que corresponde conocer al tribunal sentenciador.
  • Por otro lado, la finalidad que lleva aparejada la concesión de dicho principio, en relación con el programa especifico de tratamiento que ha de realizarse. En el caso de Carmé Forcadell, el programa específico de tratamiento en el que se fundamentaba la aplicación del artículo 100.2, consistía en un voluntariado y en acompañamiento familiar.

En lo que respecta a la primera de las cuestiones, no ha existido una solución pacifica acerca de cuál debe ser el órgano competente para conocer en vía de recurso la concesión o denegación de dicho principio, a ello ha contribuido la difícil interpretación de la Disposición Adicional Quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la cual a la hora de atribuir la competencia para conocer del recurso de apelación distingue en función de si se trata de una materia referida a la clasificación o bien si ha de entenderse como una cuestión relativa al régimen.

La controversia radica en si debe considerarse el principio de flexibilidad como materia de clasificación y, por tanto, atribuir la competencia para conocer del recurso de apelación al tribunal sentenciador (apartado segundo de la citada Disposición) o, por el contrario, si considerar la aplicación de este principio como una materia relativa al régimen penitenciario, en cuyo caso la competencia en sede de recurso corresponderá a la Audiencia Provincial (apartado tercero de la Disposición).

Pues bien, el auto del Tribunal Supremo ha terminado por entender que la competencia recae en el tribunal sentenciador basándose en la ubicación del precepto, encuadrado dentro del capítulo II del Título IV del RP relativo a la clasificación de los penados y además porque si el articulo 100.2 RP supone la combinación de los regímenes de vida de los distintos grados de tratamiento, esa combinación se encuentra en estrecha relación con la actividad clasificatoria. Ahora bien, que el articulo 100.2 RP sea considerado como una materia de clasificación tiene como consecuencia que, resulta de aplicación lo dispuesto en el apartado quinto de la Disposición Adicional, esto es, que cuando se trate de delitos graves, la interposición del recurso tendrá efecto suspensivo, lo que impide la puesta en libertad del condenado hasta la resolución del recurso.

En lo concerniente a la segunda de las cuestiones, es decir, la finalidad que ha de perseguirse con la aplicación de dicho principio, el Tribunal Supremo vuelve a reiterar la excepcionalidad de la medida que debe estar basada, en todo caso, en un programa específico de tratamiento.

Pero no solo eso sino que en palabras de dicho Tribunal ese programa ha de ser el instrumento para conseguir los fines de reeducación y reinserción social, fines que orientan toda pena privativa de libertad, operando como supuesto habilitante de la aplicación del principio de flexibilidad y que ha de estar directamente relacionado con el delito cometido para conseguir así la reeducación y reinserción social del interno, sin que pueda justificarse la concesión de un régimen de semilibertad sobre la base de un programa de tratamiento que nada tiene que ver con el delito cometido y que, por tanto, no puede incidir en su concreto proceso de reinserción social.

En definitiva, y a modo de conclusión, dos son las cuestiones que el Tribunal Supremo, con su auto ha zanjado, en primer lugar, que la competencia para conocer del recurso de apelación en relación con la aplicación del artículo 100.2 RP corresponde al Tribunal Sentenciador y, en segundo lugar, que el programa de tratamiento en que se basa el principio de flexibilidad, ha de incidir y estar relacionado con el delito cometido para alcanzar, de este modo, la reeducación y reinserción social, proclamada en el artículo 25.2 de la Constitución Española.